miércoles, 10 de febrero de 2010

A sacar conclusiones.

Reporteros sin fronteras
y su diagnóstico sobre Argentina
y la libertad de prensa.

" Continúan tensas las relaciones entre una parte de la prensa privada y la presidenta Cristina Fernández ya que su marido y predecesor, Néstor Kirchner, se abstuvo de celebrar cualquier tipo de rueda de prensa a lo largo de todo su mandato (2003-2007). Un silencio que iba prioritariamente dirigido al diario La Nación, alineado políticamente con la oposición al “kirchnerismo”. Porque es sobre todo el principal grupo de prensa, Clarín, quien está preocupado por la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA), destinada a limitar la concentración de medios que, en Argentina, es verdaderamente excesiva. La ley, que ha sido un deseo de la propia presidenta Cristina Fernández, viene a sustituir a la Ley de Radiodifusión del 15 de septiembre de 1980, la conocida como “22.285”, aprobada bajo el régimen militar. Las enmiendas efectuadas a esa ley desde la vuelta a la democracia en 1983 han reducido el control del poder sobre el contenido de las programaciones y, a la vez, han favorecido la concentración de medios. Todavía se han dado algunos casos de presiones, atribuidos a las autoridades federales, que han contribuido a alimentar las tensiones entre la prensa y el palacio presidencial. Sin embargo hay que señalar que las agresiones e intimidaciones afectan fundamentalmente a medios provinciales, enfrentados a la susceptibilidad de ciertos gobernantes. Con frecuencia se les premia o castiga con un desigual reparto de la publicidad oficial, en función de la línea editorial. En comparación con otros países de la región son muy pocos los casos de violencia directa contra los medios, aunque frecuentemente permanecen impunes. Sigue en espera de ser aprobado un proyecto de resolución relativo a la seguridad de los periodistas, presentado en octubre de 2008 en la Cámara Baja del Congreso federal por la diputada Diana Conti, cercana a la administración Kirchner. Finalmente, al final del año se ha llevado a cabo un gran avance legislativo. El 19 de noviembre de 2009, el Senado federal aprobó por unanimidad una reforma del código penal, eliminando de él cualquier posibilidad de condenas a penas de cárcel por los delitos de “calumnia” (que incluye también la “difamación”) e “injurias”. La Cámara de los Diputados ya había aprobado, el pasado 28 de octubre, esta reforma propuesta por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner "

(fuente: rsf.org)